Actualmente, el territorio está conformado por 22 familias que se ubican principalmente en el municipio de San José del Guaviare.

Con la acción judicial, radicada ante un Juez Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio, la Unidad pretende restablecer los derechos territoriales de 22 familias, pertenecientes al pueblo ancestral Jiw. 

Actualmente, el territorio está conformado por 22 familias que se ubican principalmente en el municipio de San José del Guaviare, capital del departamento del Guaviare. Con la acción judicial, se pretende reclamar 9.468  hectáreas y 9.265 metros cuadrados a favor del pueblo ancestral Jiw, afectado por confinamiento, reclutamiento, desplazamiento y abandono forzoso.

Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la URT en Meta y Guaviare, indicó que el acompañamiento de la entidad tiene como objetivo lograr la reparación integral de esta comunidad indígena, que ha sido víctima del conflicto armado por cuenta de la presencia de los grupos armados al margen de la ley. Estos han sembrado minas antipersonales y han vulnerado sus derechos a la vida, a la integridad física, al uso y disfrute del territorio; a la libre circulación, a la seguridad alimentaria, y a los recursos naturales.

La demanda, radicada por el equipo de Asuntos Étnicos de la Dirección Territorial Meta, también pretende que los integrantes del pueblo Jiw restablezcan su autonomía y gobierno propio, tal como sus derechos a la propiedad colectiva.

Algunas de las pretensiones de la demanda son: garantizar el goce y disfrute pleno de los derechos territoriales, para lo cual se solicitó la entrega material del resguardo, bajo garantías de seguridad. Así mismo, la Unidad solicitó, en concertación con la comunidad indígena, el saneamiento del territorio, el diseño e instalación de vallas alusivas a los límites del resguardo; la implementación del Plan Integral de Reparación Colectiva, tal como la protección a los derechos de la salud, etnoeducación, y medio ambiente, mediante órdenes dirigidas a las entidades competentes.

Finalmente, la Unidad solicitó al juez, ordenar a la fiscalía general de la Nación que adelante las respectivas investigaciones de los hechos victimizantes, tomando como referente lo expuesto por la comunidad en la demanda.