Por: Juan Carlos Niño Niño

Asesor legislativo

Un aspecto novedoso del proyecto de ley del Plan Nacional de Desarrollo del presidente Gustavo Petro, es por primera vez encontrar “dos planes plurianuales de inversión”: el tradicional y el denominado para la Paz, aunque a la hora de la verdad sigue siendo uno solo, porque el segundo hace parte del primero, pero novedad en fin de cuentas, porque ningún anterior Plan de Desarrollo lo incluye, aun cuando la ley orgánica del Plan se refiere a uno solo.

El Plan Nacional de Inversiones Públicas del proyecto de ley, asciende a 1.154,8 billones de pesos, incluidos 50,4 billones del Plan Plurianual de Inversiones para la Paz, en donde la pregunta es cómo armonizar la inversión general con la de la paz, sin caer en duplicidad de funciones, ni afectar los principios de “coordinación, prioridad del gasto y planeación”, o en otras palabras que los dos planes paralelos de inversión no generen un verdadero caos en la acción gubernamental.

Al revisar las fuentes de esta inversión, se reactiva una discusión similar a la del Plan anterior, en el sentido de qué tan válido es incluir como fuente al Sistema General de Regalías (268,8 billones de pesos), si se sobreentiende que este es un presupuesto de las entidades territoriales -no nacional- aún más cuando la Constituyente inicialmente determinó que las “regalías” era una compensación a las entidades donde se adelanta la explotación de recursos naturales no renovables, y que aún con la reforma constitucional en la era Santos, se mantiene en parte el mencionado principio.

Un aspecto llamativo del Plan es que la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), con el Fondo Nacional de Adecuación de Tierras (FONAT), “podrán financiar obras de adecuación de tierras en los distritos entregados en propiedad a las asociaciones de usuarios”, o a “los distritos de propiedad de las asociaciones de usuarios ejecutados en el marco” de distintos programa, lo que ratifica la concepción de Petro en que el aprovechamiento de la tierra no debe ser para los grandes conglomerados, sino directamente para el campesino o núcleo de producción rural.

En la misma dirección, se autoriza al Ministerio de Ambiente para “suscribir con organizaciones campesinas y familias campesinas concesiones hasta por treinta (30) años renovables”, con el fin de “controlar la deforestación, la degradación de ecosistemas naturales y promover el desarrollo de actividades de restauración y rehabilitación”, y un aspecto bastante importante para el progreso social y la generación de empleo, como es “fomentar el desarrollo de la economía forestal y de la biodiversidad del País mediante el manejo sostenible”.

El proyecto delega a la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres coordinar con el ente nacional y territorial “la estrategia nacional de reasentamiento, legalización urbanística, mejoramiento de asentamientos humanos y gestión del suelo”, incluyendo un aspecto distintivo como es la “acción directa de mitigación y adaptación al cambio climático”, a lo que el Senador José Vicente Carreño Castro –con quien laboro en su Unidad Legislativa- anuncia una proposición para que este proceso de legalización cuente también con la participación activa de todos los sectores involucrados, en la medida que cualquier política pública del Estado debe contar con la participación de los dolientes de la misma, y como una medida para acercarse aún más al diagnóstico del problema.

En cuanto a la gestión catastral, la iniciativa no presenta mayores modificaciones al marco legal actual, porque si bien ratifica que la misma estará a cargo del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), igualmente mantiene que los operadores puedan ser públicos o privados, cuando en la anterior administración –como lo advirtió al año pasado Carreño, en un debate de control político- fue evidente la tendencia de suprimir las Unidades Operativas del Agustín Codazzi en diferentes Departamentos, y reemplazarlas por una operación totalmente virtual –incluido Arauca y el resto de la Orinoquia- que genera el debilitamiento de la Unidades Territoriales, y en consecuencia –a criterio de este columnista- el inicio de la privatización de este tipo de gestión.

Otro artículo recoge una de las promesas incumplidas del entonces candidato presidencial Juan Manuel Santos, en el sentido de bajar el aporte en salud de los pensionados, que el Presidente Iván Duque hizo efectivo para los pensionados con un salario mínimo (Ley 2010 de 2019), y que en el proyecto del  Plan  de Desarrollo, el Presidente Petro busca que  se reduzca del 12 al 10 por ciento, para los pensionados con 2 y 3 salarios mínimos, a lo que Carreño propone que se reduca dos puntos porcentuales más para los pensionados en situación de discapacidad.

Coletilla: En la próxima Columba Dominical continuamos explorando el primer Plan Nacional de Desarrollo de la izquierda en Colombia, en donde se analiza un artículo que delega al Gobierno Nacional para revisar el traslado a otro Ministerio de la Policía Nacional, que para algunos sectores podría en riesgo la misión funcional de esta institución, mientras que expertos en trámite legislativo advierten que una reforma a la Policía debe ser discutida con un proyecto de ley en el Congreso, o dado caso con unas facultades extraordinarias al Ejecutivo, pero que indudablemente el Plan de Desarrollo no es un escenario conveniente para delegar esas facultades.