Por: Juan Carlos Niño Niño

A lo largo del tiempo, el Congreso de la República ha sido el “chivo expiatorio” de nuestros males, incluso si aprueba un proyecto de ley a favor de los colombianos, nadie se toma la molestia de darle el “crédito”, pero si se demora o no lo aprueba, el mundo se le viene encima, con ciento de epítetos y descalificativos –rayos y centellas- que muchas veces no corresponden a la realidad, pero si desconocen un trabajo legislativo juicioso y exhaustivo, que le ha dejado un gran legado al País, y que extrañamente termina por atribuírsele al Ejecutivo, como fue el caso del SISBEN, que promovió y aprobó el Congreso, pero en el subconsciente quedó como uno de los “grandes logros” del Presidente Samper.

La situación actual es mucho más injusta, por decir extraña, paradójica, y hasta “oportunista” del Ejecutivo, porque mientras el presidente Gustavo Petro pide respaldo a sus reformas, desde el balcón y las calles -como presión al Congreso- una revisión minuciosa, sin apasionamientos, demuestra que el trabajo legislativo ha sido normal, dentro de los términos, sin ninguna “operación tortuga”, incluso se le ha metido el acelerador para evitar cualquier eventualidad de hundimiento.

El trámite no ha sido para nada demorado, pero el “deporte nacional” es echarle la culpa al Congreso.

A quien se le puede ocurrir un escenario legislativo en contra del Gobierno, cuando en el actual periodo -el más corto de una legislatura- se le aprobó sin mayores contratiempos ni modificaciones el Plan Nacional de Desarrollo, aún más cuando el mismo contiene las bases fiscales y de planeación de estas reformas; y como si fuera poco se le aprobó en primer debate la Reforma a la Salud, teniendo tres días valiosos de esta semana para aprobarla en segundo debate- antes de acabar el periodo legislativo- o si se quiere continuar el próximo 20 de julio este debate, con el inicio de la segunda legislatura del nuevo Congreso.

La semana pasada, la Comisión VII del Senado aprobó la ponencia para primer debate de la Reforma Pensional, y el martes a las 9 AM de manera diligente y juiciosa se apresta a discutir el articulado, y hasta se dice que el Gobierno tendría la osadía de convocar a sesiones extras, para “hacer jonrón” y dejar aprobada esta reforma en segundo debate, lo que confirma una vez más –como lo he venido advirtiendo en mis columnas- que una cosa se dice en los medios de comunicación, y otra bien distinta son las decisiones que se toman en el Congreso.

La Reforma Laboral tiene dos alternativas: una es que se anuncie el martes y se discuta con celeridad entre miércoles y jueves, cuando termina el periodo; la otra es retirar el proyecto de ley -evitando que se hunda- y radicarlo nuevamente el 20 de julio, teniendo incluso desde esta fecha un plazo de dos años -dos legislaturas- para su discusión y aprobación.

Esta alternativa es  la más viable, porque ha sido definitivamente una imprudencia del Gobierno –casi la novatada- apresurarse a sacar adelante en tres meses estas reformas estructurales del Estado: Laboral, pensional y salud, incluso convocando en febrero a unas sesiones extras –que no sirvieron para nada- y otras “extras” que ahora pretende convocar “a la brava” entre junio y julio, que no solo indispone a los Congresistas –se marcha en la calles y después se convoca a extras- sino que además sacrifica la exhaustiva y democrática discusión del proyecto de ley, y a la vez pone en riesgo la aprobación del mismo.

Una agenda legislativa –reitero- se debe discutir con detenimiento y profundidad, porque la legitimidad social -que esgrime el Gobierno- no justifica aprobar “a toda máquina” reformas de tanto calado, ni mucho menos valerse de “sesiones extras”, que legalmente solo se pueden convocar por circunstancias “sui generis”, y no para “embutir” todo de un solo intento –algo que en el pasado siempre cuestionó la izquierda- aún más cuando las reformas a la salud y pensional están dentro de los términos, y sin problemas pueden continuar su segundo debate en la entrante legislatura.

Los partidarios del Gobierno Nacional aseguran que el Pacto Histórico deja el 20 de julio la Presidencia del Congreso, pero se olvidan que la Coalición de Gobierno  de una u otra manera no está tan resquebrajada, y que los intentos de algunos  Partidos de declararse en independencia o abandonar su respaldo a las reformas, es solo el síntoma de un reacomodamiento de poder, que el Presidente Petro puede ajustar sin ningún problema en el receso legislativo, teniendo en cuenta que -como lo he venido reiterando en mis columnas- estamos en un Régimen Presidencialista, en donde el Legislativo está constitucionalmente subordinado al Ejecutivo.

Coletilla: Una de las primeras preocupaciones tácitas que se le vio al entonces presidente del Senado, Roy Barreras, fue el año pasado cuando Petro anunció salir a las calles para defender sus reformas, en un momento en el que Barreras llevaba “viento en popa” la agenda legislativa del Gobierno, y seguramente “para sus adentros” estaba aterrado de semejante osadía gubernamental, que pudo tirar al traste proyectos de ley tan importantes como la Ley del orden público.

El Gobierno Nacional debe dar una necesaria y oportuna pausa legislativa, descartando la convocatoria a extras y arrancar desde el viernes acercamientos con todas las bancadas del Congreso -incluidos independientes y oposición- para concertar aún más estas tres reformas, que le permita no solo sacarlas adelante -cediendo si es necesario- sino de paso conjurar la actual crisis política que tiene en incertidumbre a los colombianos.