La Superintendencia de Sociedades de Colombia dio a conocer el mapa de insolvencia en el país de cara al primer semestre de 2021. Este panorama, de acuerdo con la institución, es sustancial para cuantificar el impacto económico que tuvo la pandemia del covid-19 en algunas de las empresas con operaciones en Colombia.

El informe deja ver que, en el primer semestre del 2021, la Supersociedades recibió 615 solicitudes de insolvencia, con un crecimiento del 36% respecto al resultado que se dio en los primeros seis meses del año pasado.

Asegura la Superintendencia de Sociedades que, del total de solicitudes de insolvencia, 78,86% corresponden a procesos de reorganización y 21,14% a solicitudes de liquidación.

Juan Pablo Liévano, superintendente de Sociedades, dijo sobre los resultados que “si bien han aumentado las solicitudes de insolvencia por la crisis empresarial, es necesario indicar que los ajustes realizados para mejorar la capacidad operativa, tanto de las intendencias como de la Delegatura, han dado frutos. De hecho, destacó en este resultado la importancia de las medidas de insolvencia adoptadas en los Decretos Legislativos 560 y 772 de 2020, las mejoras en herramientas tecnológicas y el gran trabajo de todos los funcionarios de la Superintendencia”.

Procesos

De otro lado, el inventario consolidado arrojó un total de 3.679 procesos de insolvencia con activos por $67 billones y 200.287 trabajadores.

Explica la Supersociedades que 2.942 son procesos de reorganización (en trámite 1.257 y en ejecución 1.685) y 737 son procesos de liquidación.

Hubo, finalmente, un aumento de los acuerdos de reorganización en ejecución, al pasar de 1.190 a diciembre 31 de 2019, a 1.685 a 30 de junio de 2021, “lo que representa aproximadamente 495 empresas rescatadas en ese periodo, y el estudio y trámite del 97,39% de las solicitudes presentadas desde el primero de abril de 2020 hasta el 30 de junio de 2021”.

“Cabe destacar que los procesos, procedimientos y trámites de insolvencia en la Superintendencia de Sociedades tienen como fin brindar una respuesta rápida y eficaz a las empresas en dificultades económicas y la protección del empleo, sin descuidar el crédito”, concluyó Juan Pablo Liévano.

De otra parte, el Gobierno nacional expidió la reglamentación sobre el causal de disolución por no cumplimiento de hipótesis de negocio.

Colombia sigue haciendo ajustes normativos para adaptarse a los estándares internacionales en materia de información financiera al momento de establecer la causal de disolución de las sociedades.

En cumplimiento de este objetivo, el Gobierno, por medio de la Superintendencia de Sociedades expidió la reglamentación sobre la causal de disolución por el no cumplimiento de la hipótesis de negocio y razones financieras o criterios para establecer deterioros patrimoniales y riesgos de insolvencia.

Mediante el Decreto 854 del 3 de agosto de 2021, reglamenta la forma en que debe aplicarse la causal de disolución por el no cumplimiento de la hipótesis de negocio y las razones financieras o criterios para establecer deterioros patrimoniales y riesgos de insolvencia.