Los familiares del afectado interpusieron una demanda de reparación directa, al considerar que el daño se produjo por una falla en el servicio. Su tesis se sustentaba en que el accidente se produjo por el actuar imprudente de un agente estatal, pues el patrullero que manejaba la moto en la que se desplazaba la víctima durante el incidente conducía a una velocidad excesiva. De ahí que exigieran una indemnización de más de 1.270 millones de pesos (del 2007).

El 22 de marzo del 2012 el Tribunal Administrativo de Santander estableció que las demandadas sí estaban obligadas a reparar los daños causados por el accidente y las condenó a pagarle al expatrullero y a sus familiares más de 1.100 millones de pesos. Tanto los demandantes como las entidades demandadas apelaron el fallo. Las víctimas lo hicieron con la intención de que se aumentara el monto de la condena y los organismos demandados lo hicieron aspirando a ser absueltos.