Vicepresidente Marta Lucía Ramírez y la Consejera Presidencial para la Equidad de la Mujer, Gheidy Gallo Santos, solicitaron la intervención de la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo ante la decisión de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, que calificó como “legítima defensa” la agresión física de Favio Alirio Quiroz  Revelo a su pareja, porque ella revisó su celular, en hechos ocurridos en 2017, en la capital del país.

Mediante cartas, las altas funcionarias piden valorar la posibilidad de ejercer acciones judiciales y recurso extraordinario de casación o acción de tutela, con el propósito de proteger los derechos fundamentales de la mujer y brindarle garantías procesales y constitucionales.

“Sin ánimo de desconocer la autonomía judicial con la que cuenta la Administración de Justicia, consideramos que esta decisión menoscaba ostensiblemente los derechos de las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar en Colombia y constituye un retroceso en el avance de los derechos de las mujeres y en su garantía al acceso a la justicia con perspectiva de género, porque legitima la violencia en su contra ante cualquier actuación en la que concurran derechos fundamentales de menor o mayor entidad”, señala la misiva dirigida a la Fiscalía.