Mediante medida cautelar radicada por vía electrónica ante el Juzgado Civil Especializado en Restitución de Tierras de Cundinamarca, la Unidad solicitó la protección de 94.670 hectáreas en las que habitan 2.703 personas, pertenecientes a 10 pueblos indígenas: Tsiripu, Waüpijiwi, Yaruro, Amorúa, Yamalero, Maibén masiware, Sikuani, Cuiba Wamonae, Piapoco y Sáliba.

La solicitud se hizo ante el inminente riesgo de desaparición física y cultural por la falta de espacio para la reproducción material y cultural de los pueblos que integran el resguardo indígena “Caño Mochuelo”, ubicado en Paz de Ariporo y Hato Corozal (Casanare). La Unidad de Restitución de Tierras, solicitó a la autoridad judicial competente la adopción de medidas cautelares en favor de sus 2.703 habitantes.

Wilson Leyton, director de la Unidad en Meta, señaló que el objetivo de este instrumento es que se adopten medidas eficaces y oportunas para frenar las afectaciones territoriales a la comunidad étnica de “Caño Mochuelo”, entre las que se encuentran: el confinamiento, abandono y despojo; la vulneración al derecho a la autodeterminación y al gobierno propio; vulneración al uso, ocupación y disfrute del territorio y de los recursos naturales; vulneración a la salud; al derecho a la seguridad alimentaria; y a los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Se pretende que la medida cautelar también cobije a la comunidad Yajotja, puesto que sus miembros, son originarios del resguardo Caño Mochuelo y ellos tuvieron que huir hacia La Primavera, Vichada porque se presentaron casos de abuso sexual a niños y mujeres de la comunidad Merey (originaria de los Yajotja), además de amenazas a líderes por parte de grupos ilegales, y violaciones a los derechos territoriales.

Las pretensiones de la medida cautelar radicada por la Unidad de Restitución son: culminar el proceso de ampliación del resguardo Caño Mochuelo; fortalecimiento de los saberes ancestrales, la autonomía territorial, la integridad política y organizativa y el gobierno propio, formación de líderes y el derecho propio, derecho mayor y la Ley Natural. Además, busca adelantar acciones que garanticen la seguridad alimentaria; diseñar e implementar el modelo de salud propio que garantice atención integral; y el fortalecimiento a la guardia indígena como medida de protección colectiva.