Por: Juan Carlos Niño Niño

Con la reciente sanción de la ley 2251 de 2022 o Ley del fallecido ciclista “Julián Esteban”, el Estado sienta los lineamientos para la formulación, implementación y evaluación de una política pública de seguridad vial, que permita salvaguardar la vida de los usuarios en “el sistema de tránsito y transporte terrestre”, con enfoque de “Responsabilidad compartida”, que significa que las autoridades y los usuarios, como también todos los que participan en el sistema, asuman su respectiva responsabilidad en la tarea de “poner fin a los accidentes mortales” y reduzca las lesiones graves.

Y no es para menos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) reveló que anualmente se pierden en el planeta 1 millón 350 mil vidas por accidentes de tránsito, y entre 30 y 50 millones sufren traumatismos no mortales, pero que en la mayoría se convierten en discapacidad, sin dejar de mencionar que a cada País estos accidentes les cuesta un 3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

Las cifras en Colombia tampoco son alentadoras. El Observatorio Nacional de Seguridad Vial (ANSV) revela que, hasta el 30 de junio de 2022, han fallecido por accidentes de tránsito 3.703 personas, un 14 por ciento más que en el mismo período del año pasado (3.229 personas), en donde alrededor del 53 por ciento corresponde a usuarios de moto.

En cuanto a Casanare, la entidad especifica que entre enero y mayo de 2021, se registró un total de 68 fallecidos por accidentes de tránsito, siendo una cifra que asciende en más de un 50 por ciento, con respecto al mismo período de tiempo en los últimos cinco años, en donde casi el 80 por ciento fueron usuarios de moto, mientras que el 36,8 por ciento de ese total fue en Yopal, 11,8 en Aguazul y 8,8 en Pore.

Ante este panorama tan desalentador, esta política pública de la Ley 2251 plantea cómo contrarrestar el error humano, con la implementación de “las carreteras y las bermas seguras, las velocidades seguras, los vehículos seguros y los usuarios de carreteras seguros”, y ostro aspecto fundamental es que en la construcción y mantenimiento de vías, se deba incluir señalización y dispositivos viales como “mecanismos de disuasión de comportamientos de los usuarios que pongan en riesgo su vida o la de terceros”.

Un aspecto clave es que en las vías municipales y carreteras urbanas no se podrá exceder los 50 kilómetros por hora, y 30 en las zonas escolares y residenciales, mientras en las carreteras nacionales no se podrá exceder los noventa kilómetros y 120 en las doble calzadas, aunque el cumplimiento de estos límites necesitan del debido control de las autoridades del orden nacional, departamental y local, porque incluso los reductores de velocidad en las vías nacionales, no son suficientes para que la mayoría de conductores disminuyan la misma en zonas escolares.

Entre otros aspectos interesantes de la iniciativa legislativa, es que se incluyó una proposición del entonces Representante y ahora Senador José Vicente Carreño Castro  -acogida previamente en Plenaria de Cámara y el informe de conciliación- para que esta seguridad vial sea considerada una política pública integral, con evaluación, formulación y evaluación; y además para que la licencia digital de conducción pueda ser presentada a la autoridad desde cualquier dispositivo electrónico, sea portátil, tableta o celular.

Esta disposición legal tiene una connotación territorial, al conectar el Plan Nacional de Seguridad Vial con los Planes locales de Seguridad Vial, que se debe fijar de manera obligatoria, lo que se convierte en una oportunidad para que la Alcaldía de Yopal  establezca los lineamientos de la misma, aún más cuando la misma no se puede reducir a colocar semáforos y recoger vehículos mal parqueados -sin desconocer la utilidad de estas medidas- sino cambiar la cultura de una sociedad que hunde cada vez más el acelerador y se familiariza con desacatar las normas.

Coletilla 1. En un verdadero dolor de la cabeza para la movilidad en Yopal, se han convertido los famosos “moto domicilio”, que siempre van a gran velocidad y en contravía, se pasan los semáforos y no tienen ningún respeto por el peatón, en donde esta política pública de seguridad vial a nivel nacional y territorial, debe regular cuanto antes esta actividad, incluido un acuerdo entre autoridades, establecimientos comerciales, empresas de domicilios y usuarios, que permita regular de manera eficiente a los que ahora no dudan en llamar “kamikazes motorizados”.

Coletilla 2: Sin desconocer el acierto del Alcalde Luis Eduardo Castro sobre la instalación de nuevos semáforos en Yopal, es conveniente que dentro de la política pública local de seguridad vial se promuevan campañas para el uso y respeto de los mismos, porque ahora manejar en la Ciudad es mucho más peligros que antes, porque más de la mitad de los vehículos no respetan el semáforo, entonces podrían verse numerosos casos de colisión frente a los buenos ciudadanos que acatan a este tipo de ordenador de tránsito en la Capital.