Para rendir cuentas sobre las presuntas irregularidades en el contrato que firmó el Ministerio de las TIC con Centros Poblados, la Fiscalía General de la Nación citó a la jefe de la cartera, Karen Abudinen. 

La funcionaria deberá responder ante el anticipo que se dio por $70 mil millones al contratista del proyecto, cuyo objetivo era llevar conectividad a más de 7 mil colegios públicos de las zonas rurales del país.

La decisión del ente acusador se tomó en el marco de las medidas anunciadas por el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, con el fin de establecer el paradero de los recursos desembolsados y las falsedades e inconsistencias presentadas en la suscripción del acuerdo.