Por gestión judicial de la Unidad de Restitución de Tierras, el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Villavicencio ordenó compensar a un núcleo familiar que fue desplazado por paramilitares en Puerto Alvira. Los integrantes de la familia Ramos, conformada por una pareja y sus tres hijos, sobrevivientes a la masacre ocurrida hace
Por gestión judicial de la Unidad de Restitución de Tierras, el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Villavicencio ordenó compensar a un núcleo familiar que fue desplazado por paramilitares en Puerto Alvira.
Los integrantes de la familia Ramos, conformada por una pareja y sus tres hijos, sobrevivientes a la masacre ocurrida hace 24 años en Puerto Alvira, jurisdicción de Mapiripán (Meta), fueron declarados víctimas por el abandono forzado de su predio. Por esta razón, el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado de Restitución de Tierras de Villavicencio ordenó el reconocimiento de una compensación y, en consecuencia, recibirán una nueva vivienda en el sitio que elijan a cambio del que debieron abandonar.
En el año 1996, la pareja de esposos adquirió el predio de 344 metros cuadrados en el que construyeron unas mejoras y establecieron allí un negocio de venta de empanadas, mientras que el jefe del hogar se empleó como cotero. Su suerte cambió cuando en julio de 1997, un grupo paramilitar llegó a Mapiripán y perpetró la masacre en contra de la población civil y luego extendió la barbarie a los caseríos de Caño Jabón y Puerto Alvira.
Este grupo ilegal advirtió a todos los habitantes de Puerto Alvira, que debían abandonar sus viviendas de inmediato, so pena de ser asesinados. Ante estas amenazas, los Ramos no tuvieron más remedio que desplazarse hacia Villavicencio para salvaguardar sus vidas. Esas amenazas, lamentablemente, se cumplieron con un saldo de por lo menos 18 personas asesinadas.
Con el paso del tiempo, los Ramos acudieron a la Unidad de Restitución de Tierras, entidad que llevó su caso ante la justicia, logrando que fueran declarados víctimas de desplazamiento y abandono forzado de tierras y a la vez, se ordenara la compensación como medida reparadora.
Jenny Andrea Capote, directora territorial de la Unidad en el departamento de Meta, explicó que “en este caso, la familia Ramos* no retornará al predio abandonado porque sus integrantes adujeron afectaciones a su salud física y mental, por lo que no es su voluntad regresar”.
En consecuencia, la Unidad les comprará un nuevo predio en el lugar que ellos determinen y, además, tendrán derecho a otros beneficios como: subsidio de vivienda, condonación de deudas por concepto de impuestos, y acompañamiento por parte de entidades del Estado.
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