No es fácil la labor de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, que dirige Rafael González, sobre todo cuando tiene que articular y promover las formas asociativas entre los pequeños y medianos productores en tiempos de pandemia.

Uno de sus labores es, además de generar iniciativas como el de los mercados campesinos y ser el pilar del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial, articular con gobernadores y alcaldes que a la población vulnerable lleguen los bienes y servicios que les permitan soportar el día a día.

¿Qué papel desempeña la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias?

RAFAEL GONZÁLEZ: Es una dependencia del Ministerio del Trabajo, este año completamos 90 años de existencia de la Ley de Cooperativismo en el país, es decir que este año estamos cumpliendo 90 años de actividad y 10 años de la última transformación. La entidad es la encargada de diseñar, adoptar, dirigir y ejecutar los programas, planes y proyectos para la promoción, planeación y fortalecimiento para el desarrollo de las organizaciones solidarias que hacemos en la entidad, respaldar las diferentes formas asociativas entre pequeños y medianos productores que basados en la solidaridad y la cooperación promueven la equidad de género, la autonomía económica de las comunidades, la capacidad organizativa y autogestión y se fortalezcan las capacidades para acceder a bienes y servicios, además de contribuir a la comercialización de sus productos.

ENS: ¿Cómo desarrollan las compras públicas locales?

RG: Eso tiene que ver con una ley que se promulgó desde la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias con el apoyo del Congreso de la República y con la FAO. Este es un modelo que es una réplica de lo que se ha hecho en Brasil, Chile y otros países donde el Estado destina unos recursos importantes para la compra de alimentos y lo que se hace es que basados en la solidaridad y en las empresas de economía solidaria, estos puedan participar en las compras de suministros vendiéndoles a los grandes proveedores que ganan estas grandes licitaciones. Ahí está el trabajo que se hace con ICBF, el programa de suministros en las cárceles y el programa del PAE, en que se destinan $2.7 billones anuales. Con ello los productores de alimentos suministran a los grandes proveedores del Estado para que los productos sean consumidos en los diferentes programas que se manejan a nivel nacional.