Por: Juan Carlos Niño Niño

Ante el “irrefutable” cuestionamiento al servicio de salud en Colombia, es interesante revisar un debate de control político que citó el Centro Democrático la semana pasada en la Plenaria del Senado, en donde se demuestra con estudios y cifras de la OCDE –como también de The Economist- que el mencionado sistema estaría entre los mejores del mundo, cuestionando que el Gobierno Nacional pretenda “destruir” totalmente el mismo, desconociendo entonces sus respectivos logros y aciertos, que para esta bancada se deben mantener dentro de una eventual reforma a la salud.

La senadora Paloma Valencia impactó en Plenaria al revelar que en año 2021 un 60 por ciento de la población más pobre en Colombia está afiliada al régimen de salud, en contraste hace 15 años con un escaso 2 por ciento, lo que se refleja además en que somos el segundo País de la OCDE con una mayor inversión en salud -7,7 por ciento del PIB- ocupando Colombia el 6 puesto con el mejor régimen de salud en el planeta.

La senador Valencia fue más allá al revelar que en el Ranking del año 2021, 5 hospitales colombianos están entre los diez mejores de la región, la expectativa de vida en la últimas tres décadas aumenta de 69 a 76 años de edad, crece del 71 al 92 por ciento la atención médica al parto, la mortalidad infantil disminuye del 3,8 al 2 por ciento, y como di fuera poco la OCDE confirma que Colombia ocupa el 5 lugar en menor incidencia del Cáncer, y el 3 con menos mortalidad de esta enfermedad, lo que para la legisladora es inaceptable que el Presidente Petro lo califique recientemente como el peor sistema del mundo.

Valencia termina su riguroso recorrido documental y estadístico, al señalar que en Noruega –tan destacado por el actual Gobierno- la cita con un especialista se asigna en un mes, mientras que en Colombia demora en promedio de tan solo diez días, en tanto que una cirugía se autoriza en un término no mayor a diez días, siendo contundente al explicar que la atención de salud por tutela es de apenas el 0,018 por ciento –ante un total de 139 millones de citas anuales- pero que se hace más visible ante los medios por ser una figura constitucional para la reivindicación de derechos.

La reacción de la ministra de Salud Carolina Corcho Mejía no se hizo esperar, al aclarar que el derecho fundamental a la salud es el segundo más tutelado ante la Corte Constitucional, quien ha sido la que realmente ha contribuido en el mejoramiento del sistema de salud –no el desempeño de las EPS- al lograr además el acceso de los usuarios a diversos tratamientos vetados, y que los costos del NO POS sean asumidos por el Estado.

Corcho Mejía rechazó el reconocimiento de Paloma Valencia al sistema de salud –aunque no desvirtuó ninguna de las cifras de la OCDE- al señalar categóricamente que la liquidación de 120 EPS le ha costado al erario público 25 billones de pesos, mientras que la Superintendencia de Salud registra una deuda de 16,6 billones de pesos por parte de las EPS a las clínicas y hospitales.

La alta funcionaria rebatió la afirmación de Valencia en que la EPS no reciben considerables utilidades, al señalar que éstas contratan el servicio en su mayoría a sus propias clínicas –quebrando a los hospitales- fijando las tarifas que más le convengan, y con la ventaja de ejercer su propia y única auditoría, por lo que anticipó que el proyecto de ley estatutario de reforma a la salud, es quitarles la intermediación y convertirlos en prestadores directos del servicio, exigiéndoles los estándares de calidad y con el debido seguimiento, vigilancia y control de las autoridades.

Finalmente, la ministra Corcho advirtió que, aunque se está acordando un crecimiento histórico del 16 por ciento a la UPC, esta se convierte en un barril sin fondo, porque el sistema está diseñado para atender la enfermedad, más no en un diligente y acertado mecanismo de prevención, por lo que el mencionado proyecto de ley está encaminado en dar más énfasis en evitar los quebrando de salud y no en la rentable alternativa de una EPS en financiar un costoso tratamiento.

Los señalamientos de la Senadora Paloma Valencia y la ministra Carolina Corcho tiene igual fundamento, al identificar la primera los aciertos del sistema, y la segunda en reconocer los quiebres irreversibles del mismo, a lo que el ciudadano –en este caso el lector de esta Columna – le corresponde evaluar cada argumento y sacar su propia conclusión: ¿funciona o no la salud en Colombia?

Eso sí: sin sesgos ideológicos ni con el afán de absolver o condenar al actual Gobierno.

Coletilla. El Senador José Vicente Carreño Castro, uno de los citantes del debate a la salud, advirtió sobre la decreciente calidad en la prestación del servicio a la salud en la Fuerza Pública, que se evidencia en las quejas de miembros de la reserva, cuando el legislador recorre los diferentes regiones del País, quien pidió además a la Ministra Corcho equiparar las UPC del régimen de salud general con las de las Fuerzas Militares y Policía Nacional, teniendo en cuenta que ahora se debe atender a más población de la tercera edad, siendo este el grupo etario o poblacional más costoso en la prestación del servicio, a lo que la alta funcionaria anunció una mesa de trabajo con el ministro de Defensa Iván Velázquez, con el fin de avaluar los elementos de esta problemática.