No han recibido asistencia jurídica los exmilitares colombianos que permanecen detenidos en Haití por su presunta responsabilidad en el asesinato del mandatario de ese país, Jovenel Moïse, así lo denunció la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez a través de una carta dirigida al embajador en Colombia, Jean Mary Exil.

En dicha misiva, la funcionaria le manifestó su profunda preocupación por las irregularidades en la detención y asistencia a los connacionales, presuntamente vinculados con este magnicidio, las cuales se evidenciaron en la visita realizada por la Misión Consular colombiana.

De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores, Ramírez señaló que los colombiano capturados no han recibido asistencia jurídica “al no tener asignados defensores de oficio que protejan el derecho de la defensa y se respeten las garantías judiciales y del debido proceso”.

Por lo tanto, solicitó a ese país cumplir a cabalidad con el artículo 5 de la Convención de Viena de 1963 sobre relaciones consulares, permitiendo que los funcionarios colombianos ejerzan las funciones allí contempladas para la debida prestación de asistencia a los connacionales.

De igual manera, exigió el respeto y garantía por el derecho que tiene toda persona detenida de contar con la asesoría legal que le permita ejercer plenamente su derecho a la defensa y gozar de las garantías del debido proceso.

“Los tratados internacionales de protección consular y de derechos humanos garantizan sin dilaciones la obligación de designar a un defensor una vez se produzca la captura, en especial el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos”, subrayó.