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La JEP, esa entidad que causara tanta roncha cuando fue adoptada, ha permitido que en menos de un mes supiéramos cuáles fueron las dolorosas cuentas de la guerra. Por sus investigaciones y determinaciones hemos sabido cuántos secuestrados y desaparecidos causaron las rebeldes guerrillas de las FARC y cuántos falsos positivos fueron registrados como cometidos por las tropas constitucionales uniformadas.

Como se cometió el error de no declarar nunca la guerra sino de hablar siempre del conflicto, sus actores creyeron vanamente que estarían amparados por la manera como la historia ha juzgado las batallas entre los ejecutivos de un gobierno legalmente constituido y los que se rebelan justa o injustamente en su contra. Como tal, los integrantes de los dos bandos enfrentados creyeron santaderísticamente que como la guerra nunca fue declarada, sus actos concluirían en uno más de los armisticios del olvido que a lo largo de la historia colombiana se han firmado entre quienes casi siempre fueron derrotados pretendiendo tumbar al gobierno y quienes casi siempre resultaron vencedores.

En esta oportunidad, sin embargo, el pacto firmado en La Habana ha permitido que una jurisdicción especial para la paz impute a los unos y a los otras responsabilidades específicas durante el enfrentamiento. Para la JEP los crímenes de lado y lado, los secuestros de las Farc y los ajusticiamientos del ejército “no fueron errores de la guerra, necesidades o excesos, son crímenes de guerra y de lesa humanidad”. En otras palabras, la guerra no fue declarada nunca, pero la verdad histórica al pretender sancionarla, la signa como si hubiese existido.

Por eso el pacto de La Habana parece ser hasta ahora el más productivo de los pactos de paz firmados en 210 años de historia patria. Las sanciones serán decretadas pero conmutadas si los responsables aceptan su culpa, llámense guerrilleros o soldados. Ya los jefes de las Farc fueron imputados. Ahora falta que los ministros de Defensa, de 2002 a 2008, desde Martha Lucía hasta Juan Manuel Santos, también sean imputados por la JEP porque eran los jefes de esos soldados que causaron el 78% de los 6.402 muertos ilegalmente, que llamaron “falsos positivos”.

Gustavo Álvarez Gardeazábal

El Porce febrero 19 2021