El objetivo de la demanda es que se le reestablezcan los derechos territoriales de 72 familias pertenecientes al pueblo Jiw, afectado por la presencia de grupos ilegales y víctimas de abandono, desplazamiento y confinamiento.  De esta forma, la Unidad da cumplimiento al compromiso adquirido en el marco de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

El territorio indígena La Sal, en el que habitan siete comunidades del pueblo Jiw, cuenta con una extensión de 5.255 hectáreas y 5.161 metros cuadrados, informó el director Wilson Leyton, que además precisó, “con esta demanda buscamos frenar la situación de extrema vulnerabilidad que afronta esta comunidad ancestral y que pone en riesgo su pervivencia física y cultural”.

Algunas de las afectaciones de violencia que han afrontado las familias del pueblo Jiw, se relacionan con la presencia activa de grupos al margen de la ley, combates y confrontaciones armadas entre estos. Esto sumado a la existencia de campamentos de las Autodefensas en su territorio, la pérdida de acceso a sus lugares sagrados, la falta de seguridad alimentaria y de capacidad de autoabastecimiento debido a la implantación de cultivos de uso ilícito.

Con esta demanda, la Unidad de Restitución de Tierras, pretende que se finalice el proceso de ampliación y saneamiento del resguardo; el diseño e implementación del Plan Integral de Reparación Colectiva (PIRC); el diseño y la puesta en marcha de programas de fortalecimiento del gobierno propio y gobernabilidad indígena.

Igualmente, busca el ordenamiento ambiental propio; la gobernanza territorial y aseguramiento de medios de vida sostenibles; la inclusión de la comunidad en programas de desarrollo públicos y privados destinados a la realización de actividades de restauración forestal y bosques de paz, entre otras pretensiones.