La Unidad de Restitución de Tierras busca restablecer así los derechos territoriales de 48 familias, pertenecientes al pueblo ancestral Wuanano, en este resguardo ubicado en la vereda La Rompida y que ha sufrido la violencia por cuenta de la presencia de grupos armados ilegales.

“Con la acción judicial, se pretende reclamar 1.937 hectáreas y 802 metros cuadrados a favor del pueblo Wuanano, afectado por confinamiento, desplazamiento y abandono forzoso”, explicó Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la URT en Meta.

Barreto informó que el territorio colectivo está conformado por 48 familias que se ubican en la vereda La Rompida, del municipio de Mapiripán, al sur del departamento.

La demanda, radicada tras varios meses de acompañamiento y trabajo adelantado por el equipo de Asuntos Étnicos, tiene como objetivo lograr la reparación integral de esta comunidad indígena, que ha sido víctima del conflicto y la violencia por la presencia de grupos armados ilegales.

Entre las pretensiones de la demanda se encuentran: garantizar el goce y disfrute pleno de los derechos territoriales; culminar el procedimiento administrativo de ampliación del territorio, tomando como base lo dispuesto en la Resolución Constitutiva del Resguardo, No 013 del 24 de mayo de 1996; tal como realizar la identificación cartográfica de linderos, que permita la verificación, rectificación y validación del territorio colectivo en relación con el área establecida en dicha resolución.

El director territorial añadió que “la URT solicitó a la justicia especializada, en coordinación con los entes y espacios territoriales, formular e implementar, de manera concertada con las autoridades del Resguardo Indígena Charco Caimán, el plan de retorno y/o reubicación. Esto con el fin de que la población desplazada logre su restablecimiento, a través de la generación de oportunidades y alternativas sostenibles de retorno al lugar de donde se vio forzada a salir, bajo la garantía de los principios de voluntariedad, seguridad y dignidad, tomando como referente lo expuesto por la comunidad en el escrito de demanda”.