Por gestión judicial de la Unidad de Restitución de Tierras, el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado de Villavicencio, ordenó compensar con nueva vivienda a una familia víctima de violencia paramilitar.

La familia que fue desplazada por la violencia del casco urbano de Vistahermosa, Meta, está integrada por una pareja y sus dos hijos y fue declarada víctima de abandono forzado de su predio de 158 metros cuadrados.

En consecuencia, el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado de Restitución de Tierras de Villavicencio, ordenó compensar a sus miembros con una nueva vivienda en el sitio que ellos elijan; mientras que la mujer que ocupa actualmente el predio, fue reconocida como segundo ocupante y continuará habitándolo.

En el año 2000, los esposos adquirieron la casa lote a la cual le realizaron unas mejoras. El jefe del hogar se dedicaba a hacer acarreos y a transportar personas a las veredas, por lo que en algunas ocasiones se vio obligado a movilizar a guerrilleros, y a la postre, tras la llegada de los paramilitares, ocasionó que fuera tildado de auxiliador de las FARC-EP y conminado por alias “Rolando” a abandonar el municipio.

Luego de huir hacia Villavicencio, para salvaguardar sus vidas y con el paso del tiempo, la familia acudió a la Unidad de Restitución de Tierras, entidad que llevó su caso ante la justicia, logrando que sus integrantes fueran declarados víctimas de desplazamiento y abandono forzado de tierras y a la vez, que se ordenara la compensación.

En este caso, los miembros de la familia beneficiada con la sentencia, manifestaron que no están interesados en retornar, porque consideran que sus vidas continúan en riesgo y, además, sienten que ya perdieron el arraigo. Así las cosas, la Unidad les comprará un nuevo predio de similares características al que debieron abandonar.

En el fallo, además, se reconoce la condición de segundo ocupante a una mujer cabeza de hogar, quien llegó a vivir con sus hijos al predio deshabitado y después lo adquirió mediante carta venta de la alcaldía municipal. El juez consideró que se trata de una persona vulnerable que también es víctima de violencia y, por lo tanto, continuará viviendo allí.