Sí a modificar la Ley de Garantías, no al traslado de pensiones

Sí a modificar la Ley de Garantías, no al traslado de pensiones

UE APROBADO uno de los temas más polémicos del proyecto de Presupuesto General de la Nación 2022, el artículo 125, que modifica un parágrafo de la Ley de Garantías Electorales: “Las entidades del orden nacional y las entidades territoriales podrán celebrar convenios administrativos e interadministrativos para la ejecución de recursos públicos”. Con 54 votos positivos

UE APROBADO uno de los temas más polémicos del proyecto de Presupuesto General de la Nación 2022, el artículo 125, que modifica un parágrafo de la Ley de Garantías Electorales: “Las entidades del orden nacional y las entidades territoriales podrán celebrar convenios administrativos e interadministrativos para la ejecución de recursos públicos”.

Con 54 votos positivos y 30 en contra, la plenaria del Senado aprobó la modificación de la Ley de Garantías, hecho que produjo inmediatas reacciones. El congresista Rodrigo Lara se pronunció en sus redes: “El horror más absoluto. Eliminada la ley de garantías. El gobierno se sale con la suya y abre todas las compuertas de la corrupción electoral para impulsar a sus candidatos presidenciales. El gobierno será recordado por este hito infame. Demandaremos en la Corte Constitucional”, aseguró.

Por su parte, el precandidato y senador Gustavo Petro trinó: “Lo que acaba de aprobar el Congreso es que las elecciones del año entrante no tendrán garantías. Buscan el fraude masivo a partir de comprar votos con el erario”.

De la misma manera se expresó el liberal Luis Fernando Velasco, quien escribió: “Mayoría del Senado derrotó mi proposición que pedía eliminar de la ley de presupuesto la suspensión de la ley de garantías, por lo que la Corte Constitucional debe actuar rápido y ante demandas que muchos interpondremos esperaríamos que se mantenga actual ley de garantías”.

Iván Marulanda del Partido Verde, comentó que “desmontar la Ley de Garantías significa liberar una cantidad enorme de recursos, que irían a las administraciones locales, gobernaciones y municipios y que terminan siendo utilizados para financiar campañas políticas”.

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