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Cuando dándonos trato de “abuelitos” se nos mandó a prisión domiciliaria a todos los mayores de 70 años, porque había dizque que cuidarnos, se hizo tabla rasa clasificando a cualquier anciano no como susceptible de ser contagiado sino como un incapaz, metiendo en una misma bolsa a los mayores de edad que hayan sufrido alguna falla mental o física con los millones que todavía tenemos capacidad de decisión, gozamos constitucionalmente de libertad y podríamos ser convencidos por un verdadero poder convocante y razonable.

Varias instancias judiciales reconocieron que esa determinación era injusta pero como se hizo a ruego de tutela, siguiendo la doctrina de la escuela de Derecho de la Sergio Aboleda, el fallo fue desobedecido hasta que el 1 de septiembre feneció por si solo el absurdo decreto.

A la picota pública nos mandaron a quienes dijimos que detrás de esa medida había una evidente persecución contra los ancianos, Al averno del Dante nos mandaron por haber dicho que quien había firmado ese ordenamiento debía tener algún profundo resentimiento y desprecio contra los mayores de edad .Y ante el pelotón de fusilamiento de las redes fuimos a dar porque demostramos que ese decreto que encerraba a las malas a los ancianos hacía parte del plan macabro  de los que creen que es mejor eliminar un viejito que seguirle pagando la pensión que ahorraron  con su trabajo, o el servicio de salud al  que también contribuyeron por años. Para las hordas del obeso, la gesta de mandarnos a prisión domiciliaria era, según ellos, heroica y solo pretendía evitar que nos muriéramos.

El viernes pasado, sin embargo, la saña contra los ancianos se hizo pública de nuevo. Por una determinación que supura bestialismo, los jubilados de Colombia (1.5 millones) que tienen el Rut para cobrar su pensión deben modificarlo. A 615 mil de ellos, el sistema Muisca les hace el cambio automático. Los otros pensionados, un poco más de 900 mil, deben hacer la vuelta ellos personalmente y tienen plazo hasta el 31 de enero. De no hacerlo se les aplicará el reglamento y tendrían que pagar multas diarias cercanas a 32 mil pesos. Como estamos en la segunda oleada de la peste y que un viejito haga cola es un suicidio. Como se trata de personas que por su edad no fueron formadas en el manejo de los computadores y las redes de internet, ni tienen la facilidad ni el conocimiento para hacerlo, la determinación estatal resulta evidentemente otra cruel persecución.

No es una equivocación. Tampoco es una mala interpretación. Es una aberración siquiátrica contra los viejitos. Deberían entonces la Comisión de Acusaciones y la Corte Suprema elevar una petición a Medicina Legal para saber el diagnóstico mental de quien está al mando de este país.

NOTA. Aclaro: no soy jubilado con pensión y no aspiro a serlo.

Gustavo Álvarez Gardeazábal

El Porce enero 25 2021