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El fallo del Consejo de Estado ratificando al Consejo Nacional Electoral la capacidad de investigar y sancionar administrativamente a la dupla ganadora de la última campaña a la presidencia, abre la posibilidad de un juicio político al presidente Petro y, como es costumbre en Colombia, confundirá procedimientos y permitirá polarizaciones.

Lo elemental, dado lo avanzado que estaba el proceso investigativo en el CNE, es someter a votación la acusación que los investigadores ponentes presentaron para sancionar administrativamente a Petro, Francia y el señor Roa. Lo complicado y peligroso viene inmediatamente después, y en seguidilla dañina para todos.

El CNE luego de sancionar debe enviar para que se prosiga lo que dictan las normas, copia de lo juzgado tanto a la Comisión de Acusaciones de la Cámara como a la Sección Quinta del Consejo de Estado.

La Cámara abriría entonces un juicio político por indignidad al presidente. La sección Quinta del Consejo de Estado estudiaría la nulidad de la elección de Petro y Francia. El procedimiento congresional prolongaría, necesaria pero muy peligrosamente, la agonía del régimen hasta llegar, si es el caso, a la Corte Suprema, pero dejaría a la vicepresidente Francia vivita y coleando.

El fallo de nulidad que pudiera emitir el Consejo de Estado cubriría vertiginosamente a los dos y el Congreso debería convocarse para elegir un vicepresidente encargado del poder ejecutivo. En cualquiera de los dos casos inmediatamente se produzca la sanción administrativa del CNE, el país entraría en una fastidiosa y muy dañina interinidad. El gobierno se paralizaría y los robagallinas se desesperarían para exprimir al estado antes de que se produzcan los fallos definitivos.

Por supuesto quien puede dar al traste con todo es el mismísimo Petro que puede prolongar con tutelas y apelaciones la decisión o, de un tajo, resolverle el problema al país renunciando o volviéndose dictador.

Gustavo Álvarez Gardeazábal

El Porce, agosto 26 del 2024