Las mujeres han sido las principales víctimas de la violencia, pero también se han encargado de demostrarle a toda una nación su valentía, capacidad de recomponerse y el amor por mantener unidas a sus familias.

Más de 4.500 mujeres beneficiadas con sentencia de restitución durante el gobierno actual. Las mujeres con sentencia de restitución están liderando más de 577 proyectos productivos con inversiones por más de $18.600 millones invertidos.

La política de Restitución de Tierras tiene como uno de sus pilares la transversalización del enfoque diferencial y de género, por lo que dispuso la creación de un Programa de acceso especial para las mujeres.

Este programa, liderado por la Dirección Social de la Unidad, busca garantizar el acceso de las mujeres a su tierra como un derecho patrimonial de importancia, por medio del cual se impulsan y se forjan sus proyectos de vida, contribuyendo a un desarrollo rural equitativo y sostenible. Para esto, es necesario reconocer sus particularidades e implementar acciones a lo largo del proceso, dirigidas a romper las barreras que enfrentan y garantizar que se respeten sus derechos sobre la tierra.

Sumado a lo anterior, la Unidad trabaja con mujeres restituidas para su empoderamiento y el fortalecimiento de sus liderazgos, a través de un eje básico de exigibilidad de sus derechos y mediante la dotación de herramientas que contribuyan a la cimentación de sus proyectos de vida y de esta forma, se conviertan en empresarias del campo.

Más del 50% de las sentencias de restitución de tierras de la ruta individual beneficien a mujeres y, específicamente en el periodo de Gobierno del presidente Iván Duque, más de 4.500 mujeres han sido beneficiadas por sentencias de restitución.

La Unidad ha reafirmado de manera permanente su compromiso con las mujeres, diseñando acciones que se han cimentado en sus voces y la de las organizaciones que las representan, conscientes siempre de su importancia para la estabilización de los territorios y la sostenibilidad de la paz.

El Programa se encuentra en su tercera fase que tiene una ruta de acción definida entre los años 2019 y 2022, incluyendo un plan de trabajo ambicioso que ha logrado vincular a más mujeres en estrategias de empoderamiento, y ha establecido nuevas acciones en materia de seguridad y protección, fortalecimiento de su toma de decisiones en los proyectos productivos y la definición de herramientas para reconocer las afectaciones territoriales que enfrentaron mujeres de comunidades étnicas, derivadas de su género.