Ante el inminente riesgo de afectación territorial que afrontan 62 familias del pueblo Nasa, por la presencia de minas antipersonal y munición sin explotar en el Resguardo indígena ‘Ondas del Cafre’ en Mesetas Meta, la Unidad de Restitución de Tierras solicitó ante la autoridad judicial competente la adopción de medidas cautelares para proteger las 4.075
Ante el inminente riesgo de afectación territorial que afrontan 62 familias del pueblo Nasa, por la presencia de minas antipersonal y munición sin explotar en el Resguardo indígena ‘Ondas del Cafre’ en Mesetas Meta, la Unidad de Restitución de Tierras solicitó ante la autoridad judicial competente la adopción de medidas cautelares para proteger las 4.075 hectáreas que conforman el territorio ancestral.
“El objetivo de la medida radicada electrónicamente ante el Juzgado Segundo Especializado en Restitución de Tierras del Circuito de Villavicencio es que se adopten medidas eficaces y oportunas para detener las afectaciones por confinamiento y abandono del territorio”, señaló Wilson Leyton Roldán, director territorial de la URT en Meta.
La Unidad de Restitución de Tierras evidenció en la elaboración del Estudio Preliminar, que según testimonios de la comunidad e información de fuentes secundarias entre estas la Defensoría del pueblo y el Portal de Acción Contra Minas del Alto Comisionado para la Paz, que en el territorio colectivo hay presencia de munición sin explotar (MUSE) y minas antipersonas (MAP), las cuales fueron instaladas por la guerrilla de las FARC entre los años 2002 hasta el 2011, como estrategia para el control del territorio y de defensa de sus campamentos.
Con la presentación de esta medida cautelar, se pretende que el juez ordene acciones encaminadas a garantizar los derechos de los habitantes del Resguardo Indígena ‘Ondas el Cafre’ que actualmente se ven seriamente afectados: derecho a la vida; a la integridad física; a la libre circulación; y el derecho fundamental al uso, acceso, ocupación y disfrute del territorio, y de los recursos naturales.
Finalmente, Leyton señaló que la radicación de la medida cautelar hace parte de los compromisos adquiridos por la Unidad de Restitución de Tierras en el marco de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) orientados por la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, al tiempo que reiteró la disposición de seguir trabajando por lograr el goce efectivo de los derechos y la reparación integral a las comunidades indígenas de la Orinoquia colombiana
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