Por: Juan Carlos Niño Niño

La pretensión de disminuir los malos hábitos alimenticios, con la implementación de impuestos saludables, como efectivamente lo logró el Gobierno Nacional en la recién conciliada Reforma Tributaria, abre la discusión si esta medida es efectiva o no, o si al contrario requiere de una política pública que revise y transforme el comportamiento social y cultural de los colombianos, en donde un “impuesto” es tan solo un “accesorio” de la mencionada política.

Una revisión a los impuestos saludables en la reforma tributaria, que fue conciliada el pasado miércoles y sería sancionada esta semana por Petro, consiste en imponer a los productos comestibles ultraprocesados industrialmente, y/o con alto contenido de azúcares añadidos, sodio o grasas saturadas, una tarifa del 10 por ciento en el año 2023, 15 por ciento en el 2024, y del 20 por ciento a partir del 2025, y que se calcula sobre el precio que se imponga finalmente al público.

Asimismo, la tarifa de impuesto a las bebidas ultraprocesadas azucaradas  -bebida de 100 mililitros- se impone entre 18 y 55 pesos para los años 2023 y 2022, siempre y cuando contenga en azúcar igual o más de 6 gramos y hasta igual o mayor a 10 gramos; mientras que en el año 2025 se impone entre 38 y 65 pesos, si contienen en azúcar entre 5 gramos y hasta igual o mayor a 9 gramos; aclarando que a partir de al año 2026, las anteriores tarifas se ajustarán con el incremento de la Unidad de Valor Tributario (UVT).

El anterior esquema tributario no solo es acertado sino además “desafiante” con esta industria, considerada en el pasado como “Los Intocables” –incluida la poderosa Organización Ardilla Lulle- que se lucraron desde el Siglo XX con bebidas consideradas actualmente como “enemigas” de la salud, incluso inventándose los jugos procesados ante el innegable desprestigio de las gaseosas, cuando a la hora de la verdad estos jugos se convirtieron en otra versión tóxica de las gaseosas.

Con los “Impuestos saludables”, esta industria nos estaría retribuyendo ante la enorme afectación de estas bebidas y comidas ultraprocesadas, pero es necesario advertir que estos recursos igualmente deben ser direccionados en políticas públicas que atiendan a los afectados –incluidas las enfermedades de la obesidad y la diabetes- pero ni el Ministerio de Hacienda ni el de Salud se han pronunciado sobre el asunto, por lo que demanda ser consignado en el entrante Plan Nacional de Desarrollo, que legalmente como proyecto de ley se debe radicar el 7 de febrero de 2023.

Al margen de esta discusión, lo único claro es que difícilmente los “Impuestos saludables” van a disminuir el consumo de bebidas y comidas ultraprocesadas, si tenemos en cuenta que, por ejemplo, una gaseosa subirá máximo 65 pesos, que cualquier colombiano no dudará en pagar si disfruta tomar su “Coca Cola”, porque obviamente el incremento no va afectar de ningún modo su bolsillo, o en últimas las gigantescas estrategias de mercadeo, van permitir incluso mantener el precio de la gaseosa antes de la reforma tributaria, siendo un lujo que se pueden dar cuando su producción es a gran escala y no pierden en consecuencia absolutamente nada.

La única manera de disminuir o incluso eliminar el consumo de estos productos ultraprocesados –reitero- es una política pública para cambiar comportamientos sociales y culturales, en una Nación que hace apenas un par de décadas era normal desayunar con una gaseosa y un paquete de papas, en donde es casi nulo el consumo de frutas y verduras, y al contrario es constante el consumo de grasas y azúcares, que sin duda disminuye la calidad de vida y aumenta de manera alarmante la tasas de morbilidad y mortalidad en Colombia.

La formulación, implementación y evaluación de esta política pública, consiste en cambiar a corto, mediano y largo plazo creencias y comportamientos, iniciar a reemplazar de manera gradual y selectiva los hábitos alimenticios, conectar una dieta saludable con el mismo sentido de la vida, entender que una alimentación adecuada, UNIVERSAL, COMPLETA, EQUILIBRADA, SUFICIENTE Y SEGURA -como lo incluyó el Senador José Vicente Carreño en una reciente discusión de un proyecto de reforma constitucional en la Plenaria del Senado- es garante de un individuo con calidad de vida, no solo en su bienestar físico sino además en un bienestar emocional.

¿Podrá entender el actual Gobierno Nacional la dimensión de esta política pública?

Coletilla: Un evidente desconocimiento sobre la enfermedad del alcoholismo, demostró la senadora María José Pizarro en una entrevista con Yamid Amat –director del Noticiero CM&- cuando la legisladora asegura que beber una par de copas o con moderación no le hace mal a nadie. No es cierto, Senadora. La primera copa puede ser la más mortal y peligrosa, cuando se tiene una predisposición física y mental al alcohol.

La Senadora María José Pizarro seguramente desconoce que la Organización Mundial de la Salud (OMS) define el Alcoholismo como “una enfermedad incurable, progresiva y mortal”, y el casi centenario Alcohólicos Anónimos recomienda que el tratamiento contra esta enfermedad es no tomar la primera copa.