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Increíble pero cierto. La Procuraduría General de la Nación cree y defiende que Colombia no está en el 2024 sino en 1863, unos días después de que los asambleístas se reunieran en Rionegro y dividieran el país en 8 estados soberanos, con fronteras físicas que debía respetarse y con autorizaciones para tener presidente del estado y montar sus ejércitos.

Esa carta para ángeles, que entronizó la vagabundería oligarca del Olimpo Radical como partido absolutista en la presidencia, fue derrocada en 1886 con la Constitución de Núñez, que rigió a la letra hasta 1991, pero sigue vigente en espíritu y metas en la que nos rige.

Pues bien, a raíz de una demanda de anticonstitucionalidad contra la Ley de Licores que hace unos años se aprobó manteniendo el monopolio para los aguardientes, y levantándolo para los otros licores, la Procuraduría acaba de escribirle a la Corte Constitucional en el sentido de que las demandas contra el monopolio de licores no están llamadas a prosperar porque protege la autonomía financiera de los departamentos sin afectar la libre competencia y solicita aprobar la norma que permite el monopolio.

Mayor pifia no se había visto porque la realidad es otra. Al dejarse vigente únicamente el monopolio del aguardiente, las fronteras entre departamentos vuelven a regir como en 1863 y para pasar una botella de aguardiente Amarillo de Pereira a Cartago, deberá pagarse un impuesto en el puente sobre el rio La Vieja.

Lo mismo pasaría desde La Dorada a Puerto Salgar. Pero como ni el Valle ni Cundinamarca tienen una guardia de fronteras para exigir el pago de la contribución, prefieren decretar que el Amarillo es aguardiente de contrabando y aplicarle las leyes vigentes para cualquier introducción de mercancía sin pago de impuesto.

A todos nos parece una ridiculez menos a la Procuraduría, que sigue creyendo que Colombia vive en 1863 y que la Constitución vigente es la de Rionegro.

Gustavo Álvarez Gardeazábal

El Porce, octubre 8 del 2024