¿HACIA CÁRCELES PRODUCTIVAS EN EL PAÍS?

Por: Juan Carlos Niño Niño

Un casi desconocido pero trascendental acuerdo legislativo, se logró entre el Gobierno Nacional y el Senado de la República –incluidas todas las bancadas- para sacar adelante el proyecto de ley sobre una política pública para cárceles productivas, en donde la Plenaria acogió las objeciones presidenciales, en el sentido de eliminar un incentivo tributario de la iniciativa, lo que permite pasar de inmediato a la correspondiente sanción del Presidente Gustavo Petro, siempre y cuando esta semana se aprueben también estas objeciones en Cámara, que no han sido incluidas en el orden del día de la Plenaria, con el pretexto de estarse discutiendo “única y exclusivamente” la  conocida Reforma Laboral.

La iniciativa legislativa tiene como autor al Senador Gustavo Adolfo Moreno Hurtado (Alianza Verde), y ponentes al Senador Alejandro Chacón y el Representante Carlos Adolfo Ardila (Partido Liberal), quienes en la Plenaria acogieron una proposición del Senador José Vicente Carreño, para que esta política pública de cárceles productivas cuente necesariamente con una formulación, implementación y evaluación –con un diagnóstico previo del problema- en donde participen los diferentes actores sociales –organismos gubernamentales y no gubernamentales- incluidas las mismas personas privadas de la libertad, siendo esto último definitivo y novedoso para la consolidación de cualquier política pública en el mundo (Artículo 2).

Esta política pública -coordinada entre el Gobierno Nacional y las entidades territoriales, incluido el INPEC- debe ofertar programas de cárceles productivas, para que el privado de la libertad “confeccione, elabore y produzca bienes comerciales, alimentos, artesanías, productos agrícolas, industrias culturales, productos musicales y audiovisuales, entre otros” (Artículo 3), con un elemento adicional tan importante como “garantizar espacios productivos de trabajo al interior de los establecimientos de reclusión”.

El proyecto de ley establece deberes y derechos en el área laboral, al establecer el “contrato de trabajo, remuneración y prestaciones sociales” (Artículo 10), para que las empresas –vinculadas al programa de cárceles productivas- remuneren las labores y servicios de los internos, o en otra palabras “garantizar el pago de un salario digno y justo teniendo en cuenta el objeto de la labor contratada”, lo que dicho de paso  dejarán de ser “actividades lúdicas” recreativas, para convertirse realmente en un proyecto de vida, conectado con la realidad y las necesidades personales y sociales del mismo.

Es más, el Artículo 11 de la iniciativa incluye estrategias para estimular la “cultura de ahorro” en los internos, en donde está la creación de fondos para la adquisición de insumos o herramientas de trabajo, como también para “sufragar y atender sus necesidades personales en prisión, las de su familia y los gastos de su nueva vida al ser puesto en libertad”, lo que sin duda genera valores y comportamientos de responsabilidad consigo mismo y los demás, tan necesario para un buen retorno y sin contratiempos de la preciada libertad.

Coletilla: La política pública de cárceles productivas también se implementará en las cárceles y penitenciarías para los miembros de la Fuerza Pública, lo que a juicio del Senador Carreño también es acercarse a la problemática específica de estas personas, y a la vez generar soluciones con este tipo de programas, que –desde la perspectiva de este Columnista- no se debe olvidar que también son seres humanos –con aciertos y equivocaciones- y como cualquier colombiano tienen derecho a una segunda oportunidad.