Por: Iván Vargas

El Decreto 3004 del 26 de diciembre de 2013 y la Resolución 90341 del 27 de marzo de 2014, normas que regulan el Fracking en Colombia, fueron suspendidas
desde el 9 de noviembre de 2018 por el Consejo de Estado.

Dicha decisión que fue ratificada por el Consejo de Estado el 10 de septiembre de 2019 la toma la alta corte, acogiendo las advertencias de la Contraloría que en 2012 señaló que la sismicidad, la contaminación hídrica y la consecuente afectación de la salubridad, provocadas por el fracking, eran potencialmente riesgosas con mayor razón si la técnica se desarrollaba, por ejemplo, en zonas de áreas protegidas y ecosistemas estratégicos como los páramos, de igual manera también tomando el tan hoy mencionado principio de precaución contemplado en la ley 99 de 1993.

Con base en lo anterior: tenemos que pasar a decirles que el balón, la última palabra, de sí se hace o no Fracking en Colombia lo tiene nada más y nada menos que el Consejo de Estado, por ende, es evidente el afán de protagonismo y la mala fe que han demostrado tener algunos sectores de oposición, luego del último debate que se llevó a cabo para aprobar el proyecto del nuevo sistema general de regalías y que viene siendo liderado por el gobierno del presidente Ivan Duque Márquez, para devolver en gran parte los recursos que le fueron arrebatados a las regiones por el gobierno de Juan Manuel Santos.

Y es que el artículo 210 de la posible ley, nada tiene que ver con decidir si se hace o no el fracturamiento hidráulico en Colombia, en cambio si, reglamenta y estipula mejores condiciones para las regiones productoras grarantizando el 100% de las regalías y no del 60 % como esta contemplado para la extracción convencional, en un hipotético caso de que el Fracking fuese aprobado como mecanismo no convencional de explotación petrólera.

Con base en lo anterior, podemos dilucidar que es evidente la mala información y afan de protagonismo por parte de algunos congresistas que se hacen llamar de oposición, manejando un doble discurso, sin clarificar los asuntos de fondo que se discuten en esta importante normativa que en resumidas cuentas, terminará devolviéndole a las regiones productoras de hidrocarburos, los recursos que Santos descaradamente en su momento les arrebato.