En su fallo, el Tribunal Superior de Bogotá declaró que no fue probado el actuar de buena fe exenta de culpa.

La sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá en favor de una familia despojada por los paramilitares de sus dos predios ubicados en la inspección de El Mielón, se constituye en un hito para la restitución de tierras. Con 1631 solicitudes, Mapiripán es el municipio del Meta con el mayor número de reclamantes de tierras.

Los predios “Tres Riales” y “Los Caracoles”, que suman 2.729 hectáreas ubicadas en la inspección El Mielón, en Mapiripán, y que habían sido despojados por los paramilitares, volverán a manos de sus legítimos dueños. Así lo determinó el Tribunal Superior de Bogotá al ordenar su restitución y declarar que los actuales ocupantes no probaron la buena fe exenta de culpa.

La historia de esta familia se remonta al año 1998. En ese año adquirieron la posesión y realizaron las mejoras de los terrenos, en los cuales tenían cultivos de pancoger y ganadería. En ese entonces y hasta el año 2000, las Farc-Ep hacían presencia en la zona. Bajo el mando de la comandante alias “Jaqueline”, obligaba a los habitantes del sector a pagar extorsiones y amenazaba con reclutar a los menores edad. Por lo tanto, la madre y los hijos no tuvieron más remedio que desplazarse hacia otro municipio, mientras que el jefe del hogar continuó en el predio.

Como si fuera poco, integrantes del Bloque Centauros de las Autodefensas también llegaron a la vereda, ingresaron a las fincas, las saquearon y sustrajeron 200 cabezas de ganado. Ante los constantes vejámenes, en el año 2004 el jefe del hogar huyó también del sitio para estar protegido con el resto de la familia.

Tiempo después, el hoy solicitante fue citado por el jefe paramilitar Pedro Guerrero alias “Cuchillo”, quien le manifestó que el predio “Tres Riales” ahora le pertenecía a su organización ilegal. Además de esto, en el 2006, y tras la muerte de “Cuchillo”, la familia despojada fue notificada que, por orden de Daniel Rendón, alias “El Loco Barrera”, tendrían que hacer documentos de los terrenos a nombre un tercero. 

Tras la entrada en vigencia la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, esta familia acudió a la Unidad para que llevara su caso ante la justicia, logrando la restitución de los predios.

En su fallo, el Tribunal Superior de Bogotá declaró que no fue probado el actuar de buena fe exenta de culpa por parte del opositor del caso. También dispuso la reparación integral a las víctimas y la inclusión de los beneficiarios en la política pública del retorno, entre otros beneficios.

Martha Liliana Arévalo, directora territorial (e) de la URT en Meta, aseguró que “esta sentencia emblemática devuelve la esperanza a la familia beneficiaria y a las víctimas del conflicto armado y demuestra el avance del proceso de restitución en favor de los despojados de Mapiripán. Este municipio del Meta es uno de los más afectados por el conflicto armado en el país. Con 1.631 reclamaciones, tiene el mayor número de solicitudes del departamento, y a su vez registra 47 sentencias de restitución  de tierras”.