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Aunque siempre se ha dicho que somos más nación que estado, la vida me ha enseñado que es una premisa falsa. Somos un estado gigantesco, Gastón y tentadoramente construido para provocar la corrupción cuando lo que necesitamos es ser una nación orgullosa de sí misma, capaz de purgarse sus malos vicios y de limpiar los rastros que queden.

No podemos entonces seguir sosteniendo un estado que todo lo soluciona dictando leyes, que cada vez cuesta más sostenerlo y que cada vez corrompe más a quienes lo administran y a quienes con nuestros impuestos los sostenemos. Hemos convertido a Colombia en un miserable ordeñadero de todos los que ejerzan alguna función en ese estado gigantesco. Desde el secretario del juzgado hasta el magistrado de la Corte es susceptible de recibir una propina. El policía que inventa un retén para poder recibir un pago extra actúa igual que el ciudadano que sabe que al policía se lo compra de acuerdo a la magnitud de la falta o del papel que no se tenga.

El estado es un gran aparataje que se mueve con el combustible de la corrupción. Los presidentes y ministros compran el voto de los congresistas repartiendo dádivas en el presupuesto nacional. Los contratistas son los dueños de los partidos políticos, de los congresistas, concejales y diputados.

Las comisiones en cada contrato por debajo de la mesa son el sostén para la rama ejecutiva y legislativa. Los cobros por una firma en un fallo judicial, por un visto bueno o por dar el cupo para un taxi, para ascender en los cuerpos uniformados o para pasar el examen o la calificación de los entrevistadores, suceden en toda parte: en los clubes de fútbol, en la institución castrense, en la empresa privada. Tanto es que terminamos por llamarlo eufemísticamente “palanca” cuando sabemos que toda palanca se mueve con plata que no se declara ante la DIAN.

Sabemos, y nos hacemos los vendejabones, que las coimas son las que elevan los costos de los contratos y aumenta desproporcionadamente los gastos rebajando la calidad de lo que se contrata. Las campañas políticas se financian con contratos a futuro. Cualquier contrato de obra pública o de prestación de servicios con el estado, lleva el cálculo de un porcentaje para pagar el soborno a una escalera de impulsadores.

Borrar esa costumbre parecería imposible, pero si surgiera por estos días de crisis alguien capaz de lanzarse a la cabeza de un movimiento predicando que en Colombia se puede gobernar sin robar transformaríamos este país y hasta lo elegiríamos presidente para intentar un cambio de verdad.

Gustavo Álvarez Gardeazábal

El Porce mayo 25 2021