Varios mandatarios entre los que se cuentan alcaldes y gobernadores del país se encuentran en la cuerda floja por cuenta de la celebración de contratos para atender la emergencia de COVID-19, mientras el gobernador del Chocó fue suspendido provisionalmente por 3 meses por presuntos hechos de corrupción la Procuraduría tiene a varios mandatarios en la mira.

Y es que el procurador Fernando Carrillo fue enfático en señala que “hemos vivido una avalancha de corrupción en las últimas semanas por cuenta de la mala utilización para combatir el virus” donde se han identificado 5 mil 500 contratos por más de un billón de pesos, de recursos destinados a la emergencia.

Actualmente la Procuraduría adelanta 296 procesos disciplinarios, de los cuales 24 son a 14 gobernaciones del país, ante el posible acto de irregularidades en la contratación y en la entrega de ayudas humanitarias a las familias más vulnerables, los hechos preliminares encontrados fueron tan alarmantes que la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría crearon un equipo élite para combatir la corrupción.

El primer mandatario suspendido por el ente de control fue el gobernador del Chocó Ariel Palacio quien suscribió un contrato con una Fundación cuyo objeto no está relacionado con las medidas para atender el COVID-19, dicho contrato tuvo un valor de más de 2 mil millones de pesos.

Los actuales mandatarios que están bajo la lupa de la procuraduría por presuntas irregularidades en contratos son los gobernadores de Arauca, Facundo Castillo Cisneros; Cesar, Luis Alberto Monsalve;  Tolima, Ricardo Orozco, San Andrés, Everth Hawkins; Magdalena, Carlos Caicedo y Vichada, Álvaro León. Por su parte la contraloría también abrió 27 investigaciones preliminares en las gobernaciones de: Nariño, Guaviare, Vichada, Tolima, Valle del Cauca y Cesar, además de una investigación al Ministerio de Defensa y la Armada Nacional por los sobrecostos en la compra de tapabocas por 1.269 millones de pesos.