Desconocidos prendieron fuego a la vivienda en horas de la madrugada.

El llamado a las autoridades es a investigar este deplorable ataque contra la vivienda del director general de la Unidad de Restitución de Tierras, tal como hallar a los responsables.

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, junto con sus entidades adscritas, se unen a la Unidad de Restitución de Tierras (URT) en la condena enérgica al atentado que sufrió su director general, el mayor Giovani Yule, y su familia, en su hogar ubicado en la comunidad El Limonar del Resguardo Indígena de Huellas, en Caloto (Cauca).

Desconocidos prendieron fuego a la vivienda en horas de la madrugada, poniendo en grave riesgo la vida de su hijo, quien despertó a tiempo y alcanzó a alertar a la comunidad para apagar el incendio.

“Veo con mucha tristeza cómo ha quedado mi vivienda, donde he vivido la mayor parte de mi vida junto a mi señora y mis hijos. Denuncio ante las autoridades competentes para que investiguen y den con los responsables de este atentado”, aseguró el mayor Yule una vez llegó a su hogar tras viajar de urgencia desde Bogotá.

“Estos actos de violencia no declinan la posibilidad de que sigamos transitando por la protección de los derechos humanos, por el camino de la vida, por el cuidado de los derechos de las víctimas, que en estos momentos estoy liderando al frente de la Unidad de Restitución de Tierras. Persistiremos ahora con mucha más fuerza para restablecer el equilibrio y la armonía de la población que ha sido tan golpeada en nuestro país”, agregó.

La ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Martha Carvajalino, se pronunció sobre el hecho: “Toda nuestra solidaridad con el Mayor Yule y su familia. Pedimos a todas las autoridades adelantar las diligencias necesarias para esclarecer la situación y proteger la vida e integridad de la familia del director de la Unidad de Restitución de Tierras”.

La URT, así como las demás entidades adscritas al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, agradecen el acompañamiento que han hecho la Guardia Indígena y las autoridades competentes, entre las que se cuenta la Fuerza Pública, Fiscalía y Defensoría del Pueblo, una vez se conoció el incidente.

El llamado ahora es a avanzar en las investigaciones para dar con las manos criminales que perpetraron este ataque. Porque ninguna acción violenta va a frenar la restitución de tierras ni la Reforma Agraria que adelanta el Gobierno del Cambio. Ningún hecho surgido del odio va a impedir que el Estado colombiano trabaje en la defensa de los derechos de las víctimas del conflicto armado.