El proyecto no prosperó debido a los cuantiosos pagos que exigían los paramilitares.

El Tribunal Superior de Bogotá declaró que la familia, integrada por una madre y sus tres hijos, es víctima de despojo y abandono forzado de su predio “La Pocha”, en la vereda El Yucao en Puerto López Meta.

En 1995, la pareja de esposos adquirió el predio mediante un negocio de compraventa. Allí criaban ganado y cultivaban productos de pancoger, pero con el paso del tiempo, su tranquilidad se vio afectada por la presencia de grupos paramilitares en la zona, que obligaban a los finqueros a pagar extorsiones.

En ese entonces, el jefe del hogar (QEPD) había adquirido un crédito con el Banco Ganadero (hoy BBVA) para la compra de reses, reforestación y adecuación de pastos. No obstante, el proyecto no prosperó debido a los cuantiosos pagos que exigían los paramilitares, por lo que el propietario y su familia se vieron forzados a abandonar la finca, desplazarse a otro municipio e intentar ponerla en venta.

La propiedad no se pudo vender debido a la presencia de grupos ilegales. Tras el desplazamiento en 1998, se evidenció que particulares se ubicaron en ella y, al parecer, llegaron a una negociación con el banco para el pago de la deuda.

César Santoyo, director territorial de la URT en Meta, explicó que “tras entrar en vigencia la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, el jefe del hogar y su esposa acudieron a la Unidad para que llevara su caso ante la justicia. Infortunadamente, el reclamante falleció en 2021 y no pudo ver materializado su sueño de retornar al predio despojado. No obstante, la viuda y sus hijos serán restituidos”.

El opositor del caso argumentó que llevaba más de 10 años en posesión del predio y que había pagado el crédito a la entidad bancaria, pero el tribunal declaró que no fue probado el actuar de buena fe exenta de culpa y, por lo tanto, ordenó la entrega material de esta propiedad a la mujer y a sus tres herederos. También dispuso la reparación integral a las víctimas y la inclusión de los beneficiarios en la política pública del retorno, entre otros beneficios.

Además, la justicia ordenó a la entidad bancaria BBVA la terminación del proceso ejecutivo en contra del extinto reclamante y, a la Alcaldía de Puerto López, la condonación de las deudas por concepto de servicios públicos y alivio de pasivos.

Santoyo agregó que, una vez el juez comisionado defina fecha de entrega material del predio, la Unidad de Restitución de Tierras procederá a realizar la diligencia de devolución de la propiedad despojada a sus legítimos dueños, y se implementará un proyecto productivo para garantizar su seguridad alimentaria.