Por: Juan Carlos Niño Niño.

Una singular discusión se suscitó el martes en la Plenaria del Senado, cuando Humberto de la Calle Lombana –como ponente coordinador- explicó el proyecto de reforma constitucional para eliminar el servicio militar obligatorio, en donde se pretende incluso abolir a largo plazo “todas las formas” del servicio militar.

La iniciativa legislativa sienta a la reflexión sobre qué busca realmente el Presidente Gustavo Petro –incluida la coalición de Gobierno en el Congreso- si hacer más eficaz y eficiente la Fuerza Pública o un desmedido afán –casi una obsesión- de reducirla a su mínima expresión, insistiendo en que la génesis del conflicto es estrictamente la desigualdad social, y que la acción de la Fuerza Pública es un tendencia “guerrerista” de la “derecha”, cuando  la misma Constitución Política le delega “la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional”.

El proyecto de acto legislativo -que tiene como autor al extrovertido Representante Daniel Carvalho Mejía- establece en el Artículo 1 que el servicio militar solo es obligatorio “en caso de guerra exterior o conmoción interna”, eliminando de tajo el enunciado del Artículo 216 de la Constitución, en el sentido de que el servicio militar no se presta solo en casos excepcionales, debidamente reglamentados por el Congreso en una Ley.

Ese afán de “reducir” la Fuerza Pública a su “mínima expresión”, se denota cuando este Artículo adiciona que “en tiempo normal, todos los colombianos están obligados a prestar un servicio social para la paz”. Es decir, el servicio militar sería solo obligatorio en un tiempo excepcional, y de resto solo es obligatorio el mencionado servicio social, que da la primera estocada para “eliminar” todo tipo servicio militar, sea obligatorio o no obligatorio,

La prestación del servicio social para la paz es una medida de avanzada, que compromete al ciudadano en la construcción de esa “paz estable y duradera”, pero eso no justifica que se le equipare constitucionalmente con la prestación del servicio militar, porque el Constituyente del 91 concibe el mismo como esencial para la “defensa de la soberanía y la integridad del territorio nacional”, por lo que asociar el servicio social con el servicio militar, es desvirtuar este enunciado constitucional universal, y eso no significa que tengamos la guerra pegada a “nuestro ADN”, como dice el superficial actor Julián Romero, que necesita con urgencia unas buenas clases de derecho constitucional.

El Parágrafo del Artículo 1 va más allá al meter lo que sería un verdadero “mico” –o un gorila- con “el desmonte del servicio militar será de forma gradual” y “eliminado por completo a partir del 1 de enero de 2030”, porque si el lector lee con detenimiento lo anterior, podrá notar que esta vez no se incluye el adverbio “obligatorio”,  lo que significa eliminar todo tipo de servicio militar –también el voluntario- que en últimas es cambiar el servicio militar por el servicio social, sin desconocer -claro está- que el mismo parágrafo incluye la profesionalización de la Fuerza Pública, que no deja de ser ambiguo si se tiene en cuenta el evidente desinterés del Gobierno Nacional por el aspecto militar.

El proyecto de Acto Legislativo no fue ajeno a una intensa discusión en la Plenaria del Senado –dada la magnitud de la reforma- que no le faltó nada para su respectivo hundimiento, por lo que el ponente Humberto de la Calle apeló a solicitar a los congresistas dejar sus proposiciones como constancia, argumentando que a la iniciativa le restaba todavía seis debates, y que por ahora era prudente aprobar el articulado como venía en la ponencia, lo que finalmente fue acogido por la Plenaria, que le permite pasar a tercer debate en la Comisión primera de la Cámara, pero dejando en entredicho la aprobación de una reforma constitucional -que ni más ni menos- pretende borrar  de una vez y para siempre el servicio militar.

Coletilla: Una proposición del Senador José Vicente Carreño Castro –que igualmente quedó como constancia para los demás debates- vendría a supeditar el desmonte del servicio militar a los resultados tangibles y concretos de “La Paz Total” del presidente Petro, o en las palabras de la proposición: desmontar el servicio militar “siempre y cuando se evidencia técnica y estadísticamente una disminución de por lo menos la mitad de los generadores de violencia”. Sería lo sensato y conveniente.