Por: Juan Carlos Niño Niño

La casi “instantánea” aprobación del Acuerdo de Escazú en la Plenaria del Senado, demuestra una vez más la debilidad institucional y política del Congreso, porque antes de la elección de Petro era imposible aprobarlo, pero se destrabó cuando el Presidente del Senado Roy Barreras, dejó claro “entrelíneas” que su aprobación era una prioridad del nuevo Gobierno, lo que propició el respaldo de todas las bancadas -incluso la conservadora- con excepción de los Partidos Centro Democrático y Cambio Radical.

La discusión no es el Acuerdo de Escazú -el lector tendrá su propia opinión- sino  que el Congreso “baila al son que le toque” el Gobierno, sin siquiera detenerse a escuchar los argumentos de la “nueva” oposición, en donde pesó más la advertencia del Presidente Roy Barreras, en el sentido de que antes de irse ese día a “instalar” las Comisiones Constitucionales Permanentes, el proyecto de ley debía quedar aprobado en la Plenaria -pasa a tercer debate en la Cámara- lo que sienta a la reflexión sobre el porqué de esta “sujeción” legislativa.

Con la reforma constitucional de 1968, el Presidente Carlos Lleras le “quitó” la iniciativa del gasto al Congreso- y con ésta la de planeación- y que ratificó la  Constitución Política de 1991, lo que abrió la brecha de un legislativo débil, pusilánime, totalmente supeditado al Ejecutivo, que incluso por mandato constitucional debe tener el visto bueno del Gobierno Nacional, para modificar cualquier artículo del Plan Nacional de Desarrollo, el Presupuesto General de la Nación, y hasta la tan anunciada reforma tributaria del Presidente Electo Petro.

La exclusiva facultad fiscal del Gobierno Nacional, le da el poder de imponer sus condiciones al legislativo, que si quiere “gestionar” recursos para sus regiones, le debe aprobar sin objeción su paquete de proyectos de acto legislativo y proyectos de ley, que de inmediato le quita objetividad al trabajo congresional, porque el Congresista termina más preocupado por la consecución de partidas, aún más con una sociedad que maneja una “doble moral”, porque por un lado le exige  transparencia en su función, pero de otro lo presiona por puestos, prebendas y contratos.

La verdadera reforma consiste en equiparar los poderes del Ejecutivo con los del Congreso, que consiste en cambiar el sistema presidencialista por uno “mixto” -sin llegar a un sistema parlamentario- en donde estas dos ramas del poder público tienen la misma injerencia y poder de decisión en los asuntos económicos y de planeación, y solo así podremos contar con un Congreso más autónomo, más transparente, más comprometido con el interés nacional, que lo hace menos permeable, menos sujeto -si se me permite el término- al tradicional “chantaje del Gobierno.

A las propuestas de reforma al Congreso, no se les puede desconocer la sana intención de mejorar el legislativo, pero en nada cambian lo sustancial, porque reducir el Congreso no tiene ningún impacto en el Presupuesto General de la Nación, pero lo que si va a disminuir es la participación de las minorías y sectores apartados del País, aún más cuando el costo anual del Congreso (800 mil millones de pesos) es el 2,48 por ciento del Presupuesto Nacional (350 billones), mientras que el solo Ministerio del Interior gasta más de un billón de pesos, que en promedio es lo que gastan cada uno de los Ministerios.

La reducción del salario de los congresistas no tendría ninguna incidencia en las finanzas del País, porque a Senadores y Representantes se le paga en el año un total de 60 mil millones de pesos, que significa el 0,17 por ciento del Presupuesto de la Nación, lo que a la hora de la verdad -con los descuentos de retención en la fuente- no dista mucho de los 21 millones de pesos mensuales de los Ministros, y los 19 millones de los incontables embajadores de nuestro País.

Las propuestas del Centro Democrático y el Pacto Histórico coinciden en ampliar los períodos legislativos, que es conveniente porque el segundo -entre marzo y junio- es demasiado corto y debe iniciar a mediados de enero; pero no es acertado ampliar hasta cuatro días a la semana las sesiones, porque dos son más que suficiente, debido a la complejidad de discutir artículo por artículo un proyecto; y el cansancio de sesionar entonces casi todos los días, lo que va a generar es que se apruebe a “pupitrazo” y sacrificando la calidad del mismo, como suele ocurrir con las maratónicas sesiones de fin de año.

Ante la intención de acabar el ausentismo, es necesario aclarar que El Consejo de Estado acabó con esta práctica malsana, al determinar como grave no asistir a una sesión en donde se discutan proyectos de acto legislativo y proyectos de ley, o el simple hecho de registrarse, abandonar este tipo de sesión y de hecho no votar ninguna iniciativa, lo que debe incluirse en el articulado de la reforma al Congreso, como también hacer más estricto el cumplimiento a los debates de control político, porque en ultimas solo se quedan en el recinto los congresistas citantes y los funcionarios citados.

Coletilla: Una propuesta del Senador José Vicente Carreño a esta reforma al Congreso, es que en primer debate las siete Comisiones Constitucionales Permanentes tengan derecho a discutir reformas constitucionales y el Plan Nacional de Desarrollo -como también el presupuesto- porque esa facultad solo la tienen respectivamente la Comisión Primera y las Comisiones Económicas (tercera y cuarta), aún más grave cuando el expediente de la Ley 5 de 1992 o Estatuto del Congreso, no entrega ninguna explicación de por qué dio esa facultad exclusiva a la Comisión Primera de Cámara y Senado.