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Una de las más grandes masacres ecológicas toleradas por el estado puede producirse en próximos meses.

El bellísimo y turístico Lago Calima, enclavado en la cordillera occidental, en el camino de Buga a Buenaventura puede ser condenado a muerte porque en los nacimientos y las cuencas de los ríos que lo nutren han otorgado una licencia minera para explotar fundamentalmente oro y platino. Pero no solamente se va a cortar de tajo esta atracción nacional para los turistas, se van a poner en peligro las cosechas de más de 4 mil hectáreas de caña que se cultivan en la franja de tierra que hay entre el rio Cauca y la cordillera occidental entre Mediacanoa en Yotoco y Madrigal en Riofrio. Y como si fuera poco, el 80 % de la ladera del municipio de Riofrio, donde se cultivan múltiples productos de pancoger y que de alguna manera se nutren de los ríos Riofrio, Piedras y Tesorito, ven totalmente amenazado su futuro.

La licencia ambiental, lo ha comunicado en detalle el alcalde de Calima, el médico Martin Mejía, va desde los 1.500 metros hasta la cima de la cordillera en donde está el Páramo del Duende, que surte de aguas correntías a toda esa área de más de 3.800 kilómetros cuadrados de montaña extensa y autoriza penetrar hasta 600 metros subterráneos. El crimen es mayúsculo.

El área a destruir para encontrar oro y platino es mayor que la concedida al Cerrejón para explotar carbón a cielo abierto con la diferencia que allá son desiertos y arenas y en la cordillera occidental vallecaucana es puro bosque y verde esperanzador. Por supuesto, la autorización final para ejecutar la licencia no la deben tomar ni los alcaldes de los municipios afectados ni sus concejales. Debe ser una decisión, como fue en Cajamarca y en Jericó, por la vía de consulta pública entre todos sus habitantes, previa información sobre el crimen ecológico que quiere realizarse prometiendo dizque obtener pingues ganancias para unos municipios pobres pero adaptados desde hace décadas a su modus vivendi.

Y deben responder a la ciudadanía no solo el Ministro del Medio Ambiente sino la ANLA y, sobre todo la enmudecida CVC, que anda además escondida desde cuando los del grupo guerrillero Adán Izquierdo les declararon a todos sus empleados objetivos militares y les prohibieron realizar labores de vigilancia ambiental en las cordilleras vallecaucanas.

Estamos en presencia de un crimen ecológico cantado de antemano y quienes callen, llámense gobernadora o presidenta de Asocaña, serían cómplices.

Gustavo Álvarez Gardeazábal

El Porce, diciembre 17 2021